La reforma eléctrica ha hecho saltar todas las alarmas en la industria aragonesa.
La nueva ley aprobada el pasado mes de julio por el Gobierno, para frenar el llamado déficit tarifario que supera los 24.000 millones de deuda, amenaza con encarecer la factura de luz de este sector vital de la economia regional. El incremento de costes puede ser tan elevado que para digerirlo podrían derivarse dramáticas consecuencias –en recortes salariales, despidos o desinversiones–, advierten algunas voces desde la patronal y los sindicatos. El problema afecta de lleno a la comunidad por la notable presencia de empresas intensivas en consumo eléctrico de actividades como la siderurgia (Arcelor-Mittal), la fundiciones de metales (Casting Ros, Pyrsa, Ebroacero, Mercier), el cemento (Cemex), la química (Hidro Nitro, Químicas del Cinca, Carburos del Cinca, Ercros) o el papel (Saica, Torraspapel), que aglutinan miles de puestos de trabajo. Con todo, hay abiertas vías de negociación con el Gobierno para amortiguar los efectos.
El conflicto radica en que el precio de la electricidad que pagan las compañías en España está entre los más altos de Europa, con una diferencia de entre el 20% y el 30% en relación a los países del entorno como Francia o Alemania. Sin embargo, hasta ahora esa brecha era compensada por el Estado con diversas tarifas especiales y mecanismos (régimen de interrumpilibidad, primas por cogeneración o techos fotovoltaicos) que con la reforma se evaporizarán en su mayor parte. Al retirarse esos complementos la falta de competitividad en materia energética quedará al descubierto.
Para una parte muy importante de la industria aragonesa, los costes de la energía igualan o superan –en algunos casos con creces– a los laborales, incluso en empresas que cuentas sus plantillas por centenares. Esto da una idea del peso que este capítulo de gasto tiene en su cuenta de resultado debido a que requieren de grandes consumos de electricidad para desarrollar su procesos productivos.
Las señales de alarma se han sucedido en los últimos meses. En octubre, el presidente de Opel España, Antonio Cobo, avisó de que en el 2014 el coste de la energía de la planta de Figueruelas subirá el 9,2%, lo que supondrá dilapidar el ahorro conseguido por la compañía y por su plantilla mediante el recorte de los costes laborales, la congelación salarial y la reducción de primas. Incluso fue más allá al asegurar que este recibo se ha disparado más de un 30% en los últimos tres años. Unas semanas más tarde, el director general de Saica, Pedro Gascón, aseguraba que la reforma energética tendrá un impacto económico ´peor que la crisis».
«Las empresas no exageran, es un problema muy gravísimo», afirma Javier Ferrer, presidente de la patronal del metal de Zaragoza (FEMZ) y de España. «El déficit de tarifa es insoportable y hay que resolverlo, pero mirando a la industria y sabiendo cómo le afecta», defiende. «Si hay que reindustrializar España, empezamos más elevando los costes de energía».
El PSOE llevó el asunto a las Cortes de Aragón, advirtiendo que están en peligro 1.500 empleos, un riesgo del que también alertaron la semana pasada los sindicatos UGT y CCOO.